Mañana es la fecha límite para que los condenados, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López, depositen los fondos adeudados al Estado en una cuenta especial del Banco Nación. Hasta el momento, no se han registrado pagos.

Ante el incumplimiento del pago, la Justicia debería proceder a la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema plantea una alternativa: destinar parte de los inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura.

La resolución de la Corte habilita la asignación de inmuebles decomisados para mejorar el servicio de justicia, ya sea para uso directo o para ceder al Consejo de la Magistratura. Esto podría transformar propiedades en oficinas judiciales, depósitos de archivo u otros espacios para programas públicos, en lugar de su venta inmediata.

Bienes en Buenos Aires y en la Patagonia

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos departamentos en el complejo Madero Center de Buenos Aires y otras 24 propiedades en el sur del país como bienes embargables a nombre de la ex presidenta.

Existe un conflicto legal adicional, ya que muchos de estos inmuebles están cedidos a los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en la causa Hotesur-Los Sauces. Los fiscales argumentan que la causa Vialidad tiene prioridad para la ejecución de la subasta por haber alcanzado sentencia primero. Se trabaja en un segundo listado de bienes a embargar.

La acordada de la Corte también contempla la cesión temporal de los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas vulnerables.

La causa Vialidad, que culminó en diciembre de 2022, determinó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de manera fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado.